LOS DESPIDOS DE MACRI PARA FESTEJAR EL BICENTENARIO

EL MINISTERIO DE EDUCACION PORTEñO EMPEZO AYER A DESPEDIR DOCENTES A CONTRATADOS Y A REDUCIR SALARIOS


Ya suman un centenar los contratos rescindidos. El ajuste alcanza con fuerza al área que diseñó los contenidos para el Bicentenario censurados por el ministro Bullrich, que se defendió diciendo: “Redujimos contratos de nuestra gestión”. Protesta gremial.

El gobierno de Mauricio Macri volvió a apelar al ajuste de personal: esta vez focalizado en Educación. Al anochecer de un día agitado en que los distintos gremios denunciaron rescisiones de contratos y reducciones salariales, el ministro Esteban Bullrich twitteó: “La decisión que tomé fue reducir los contratos de nuestra propia gestión, la estructura política, no estamos reduciendo planta docente”. Sus colaboradores, en diálogo con Página/12, precisaron que “por ahora, son unos cien” y apuntaron al ex ministro Mariano Narodowski: “Se nombraron 930 personas en los últimos dos años, una barbaridad”. Los dichos de Bullrich se contradicen con la realidad de los contratos dados de baja en las áreas de Currícula, Evaluación, Inclusión Social, Infraestructura Escolar, entre otras, donde todos pertenecen a personal técnico. Hoy, por la mañana, se movilizarán frente a la cartera educativa, en Paseo Colón al 200, y exigirán una entrevista con Bullrich.



En el edificio de Esmeralda 55, donde funcionan las direcciones generales de Planeamiento Educativo y de Educación Estatal –el corazón pedagógico de la gestión–, los rumores de despidos habían empezado el lunes. “Reducción de Presupuesto” fue el motivo esgrimido por los responsables del área en la que a principios de año estalló el escándalo por la censura a los textos sobre el Bicentenario, elaborados por la Dirección de Currícula. Los rumores mutaron en información ayer por la mañana, cuando empezaron a comunicarse en forma oficiosa las rescisiones de contratos. Roberto Araujo, delegado de la junta interna de Educación de ATE en Esmeralda 55, explicó que “primero decidimos cortar la calle entre las 14.30 y las 19. Es falso que sean contratos políticos. Son contratos de locación que el macrismo flexibilizó como una forma de precarización. Además, en otros casos, se redujeron en un 30 por ciento los montos que no llegaban ni a 2000 pesos mensuales”. En la Dirección General de Planeamiento, a cargo de Mercedes Miguel, ya habían recortado el sueldo de cuatro de los directores de área en sumas que oscilaron entre los 1600 y 3000 pesos al no contabilizarles la antigüedad docente.





Dichos oficiales



En febrero pasado, Página/12 detalló los despidos que habían comenzado en Infraestructura Escolar y que “en el gobierno porteño, la orden de Bullrich y del subsecretario de Gestión Económica, Mario Terzano, es reducir un 30 por ciento”. Apenas asumió Macri, despidió a 2400 contratados y ante la ola de protestas prometió revisar “caso por caso”. “Si hay algún caso puntual que cambió de tipo de contratación, se va a tomar en cuenta. Vamos a revisar caso por caso”, repitió ayer la muletilla un estrecho colaborador de Bullrich. “Hoy hay un estilo de gestión que establece que trabajemos con menos gente. Queremos optimizar al máximo el uso de recursos”, comentó otro cortertulio del ministro abonando la tesis de descargar responsabilidades sobre Narodowski.



El argumento en este caso también se cae al confrontarlo con la realidad. Los contratos son anuales, es decir que la gestión de Bullrich, que asumió en la primera semana de enero, fue la encargada de revisar, hace seis meses, todas las designaciones que tienen una duración anual. Bullrich, afecto a las nuevas tecnologías, apeló a Twitter para fijar su posición y asumir como propia la decisión de aplicar el ajuste. Sin embargo, otros funcionarios señalan que la orden de achicar proviene de Hacienda. Señalaron a Andrés Ibarra, quien abandonó el Ministerio de Educación luego de varios meses de frío con Bullrich. Ibarra es un hombre del Grupo Macri que acompañó al jefe de Gobierno en su gestión en Boca y ahora estará al frente de todas las decisiones de personal.



En Hacienda, en cambio, negaron que hubieran dado ninguna orden a Educación y recordaron que Ibarra acababa de asumir ayer. “Bullrich no lo atendió a Ibarra en todo el tiempo que estuvo en el ministerio y ahora se acuerda de que existe”, se quejaban en el entorno del ministro de Hacienda, Néstor Grindetti. Otros macristas afirman, no obstante, que este recorte se va a repetir en diversos ministerios.





La protesta



Llamados telefónicos informales fueron avisándoles a docentes contratados en distintas áreas de Educación que no se presentarán más a trabajar. La decisión política requiere una instrumentación formal: los contratos son refrendados por el propio ministro y necesitan de algo más que una voz administrativa que al otro lado de la línea informe el imprevisto cambio de condiciones para abandonar el trabajo. Alejandro Demichelis, secretario adjunto de la Unión de Trabajadores de la Educación, calificó de “inexplicable” la decisión porque “estábamos trabajando en un cronograma de estabilidad para los docentes contratados y hacen esto”. El dirigente detalló que con el recorte se afecta especialmente las áreas de Inclusión Escolar, que trabajan con los chicos de las zonas más vulnerables, Infraestructura Escolar, Currícula y Evaluación. Demichelis estimó que “serán entre doscientos y trescientos los despedidos”.



La asamblea de trabajadores de la sede de Esmeralda 55 fue acompañada por dirigentes de UTE, ATE, Ademys y por los legisladores Francisco “Tito” Nenna (Frente para la Victoria) y María Elena Naddeo (Diálogo por Buenos Aires). La subsecretaria de Educación Ana Ravaglia y el asesor del ministro, Sergio Siciliano, se acercaron a intentar justificar la medida pero no lograron convencer.



En la sede de Infraestructura Escolar, el área que se caracteriza por la menor ejecución presupuestaria del gobierno porteño –un uno por ciento de los recursos disponibles se usaron en el primer trimestre– se formalizaron cambios y se esperan más reducciones. Néstor Oscar Gasparoni fue reemplazado por Claudio Viola. El nuevo director es un arquitecto tucumano, proveniente de Recrear, estrecho colaborador de Pablo Walter, la mano derecha de Bullrich que entró a la política seducido por el represor Antonio Domingo Bussi. Walter fue diputado provincial y nacional por el bussismo y cuando el general perdió poder por la reactivación de los juicios de lesa humanidad recaló en Recrear. En esa fuerza, creada por el ex ministro de Economía y Defensa de la Alianza Ricardo López Murphy, surgió Bullrich. Viola tendrá que aplicar una reducción de contratos que ronda el 30 por ciento.



“Es una decisión propia de reducción de la planta macrista”, argumentaban anoche los hombres de Bullrich. Una explicación que, por un lado, parece poner en evidencia la ineficiencia de la propia gestión y por otro, no deja dudas de las desavenencias internas de PRO. En ese escenario es donde las lealtades políticas hacen agua y se impone la decisión de ajustar en educación.



Por Nora Veiras y Werner Pertot

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http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-146819-2010-06-02.html

AMBITO FINANCIERO NO PUEDE NEGAR EL CRECIMIENTO DE LA ECONOMIA

“Impulsada por ganancias e inflación

LA RECAUDACIÓN FUE RÉCORD: CRECIÓ 44,2% A $ 39.344,7 MILLONES
El secretario de Hacienda, Juan Carlos Pezoa, y el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray.
La recaudación fiscal marcó un nuevo récord histórico en mayo al alcanzar ingresos por 39.344,7 millones de pesos (9.892 millones de dólares), un 44,2 por ciento más que en igual mes de 2009, ante un repunte de la economía y el comercio exterior, se informó oficialmente.
El anterior máximo histórico fue de 30.129,6 millones de pesos recaudado en abril pasado.
Lo percibido en concepto del impuesto a las Ganancias ascendió 76% a $ 11.474,8 millones. Lo recaudado por IVA se incrementó 33% a $ 8.953,2 millones.
Lo ingresado por los derechos de exportación subió 47% a $ 4.272,8 millones, mientras que por los derechos de importación se obtuvieron $ 792,6 millones, un valor 43,5% mayor a lo registrado en mayo de 2009.
Por bienes personal se obtuvieron $ 1.560,6 millones, un 27% más que en mayo de 2009. Por el denominado impuesto al cheque se obtuvieron 2.236,3 millones, una suba de 30,2% interanual.
Los datos de la recaudación de mayo fueron brindados por el secretario de Hacienda; Juan Carlos Pezoa; y el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, en una conferencia de prensa.
"La recaudación tributaria del mes de mayo de 2010 ha tenido un fuerte incremento de materia interanual (...) está en sintonía con la mejora de la actividad económica (y) con un repunte del comercio exterior", dijo Pezoa.
En mayo del 2009 la recaudación tributaria sumó 27.291 millones de pesos .
El monto recaudado en el quinto mes del año se ubicó por encima de lo esperado por el mercado financiero, que aguardaba en promedio un alza interanual del 29,7 por ciento, según un reciente sondeo de Reuters.
Los analistas consultados dijeron que el quinto mes de cada año suele ser el de mayor ingreso a las arcas del estado por el vencimiento de la alícuota a las utilidades de las empresas, además de que también pagan mensualmente los trabajadores en relación de dependencia.

Ambito Financiero on mail - Por: Liliana Franco”

CLARIN Y LA ESE, MANIPULACIÒN PROFESIONAL

El Grupo Clarín contrató a la agencia internacional de publicidad La Ese, especializada en marketing político, para reclutar un ejército pago que congestione las líneas de teléfonos de radios –de modo que sólo ingresen los llamados de sus telemarketers– y para que insulte a los comentaristas de internet que escriban en contra del Grupo Clarín o a favor de la ley de medios K y el Fútbol para todos. Esa agencia, también se encarga de guionar los discursos para aquellos que defienden la judicialización de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual para impedir su plena vigencia.

La primera tanda de contratados –unos 30 empleados en negro– fue en octubre de 2009, cuando se trató la ley de medios en el Congreso y el debate tomó estado público. Los bloggers rentados por el Grupo Clarín debían instalar términos como ley k, ley mordaza, dictadura o corrupción.
Aún hoy y con miras de seguir hasta la campaña electoral del 2011, el grupo de tareas mediáticas contratado por La Ese libra sus batallas remotas en las lujosas oficinas de Perú al 800, barrio de San Telmo, en una hermosa casona de estilo francés construida en 1912. Ahí funciona La Ese, propiedad de Carlos Souto.

Los creativos de Souto escribieron la solicitada y el guión del mensaje televisado de Marcela y Felipe Noble Herrera en los canales del Grupo Clarín, hablando en contra de la ley que establece al Banco Nacional de Datos Genéticos como el único autorizado para el estudio de compatibilidad para personas que hubieran sido apropiadas durante la última dictadura militar.
Clientes.
La lista de Souto no tiene desperdicio. Fue publicista de la Alianza que encabezó Fernando De La Rúa, intentó sin éxito remontar a Carlos Menem en 2003 y actualmente se enorgullece de haber trabajado con Julio Cobos y de ser el verdadero cerebro del “Alika, Alikate” para catapultar como líder de la antipolítica al colombiano Francisco De Narváez.
La usina anti k.
Está conformada por dos áreas: el blog y el call center. Los bloggers intervienen los medios gráficos online a través de la redacción de comentarios apelando a identidades falsas. Desde un buscador rastrean números de DNI y luego utilizan los nombres de esas personas para llenar los formularios de las páginas donde mandan mensajes escritos por creativos. Además se encargan de hacer control del scroll: cuentan cuántos comentarios a favor y cuántos comentarios en contra hay sobre la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, investigan quiénes son los usuarios que comentan en las antípodas de la bajada de línea recibida, etc. También mandan mails a las casillas de esos comentaristas, generan confianza y establecen una relación. Entre las páginas que graffittean figuran la web de La Nación, La Política On Line, Crítica de la Argentina, Minuto Uno y Perfil.

Todas estas actividades están destinadas a falsear identidades y contravenir toda la deontología periodística, así como los códigos de ética de la comunicación publicitaria. Se asemejan a talleres de costura clandestina que después son utilizados por las grandes marcas. Con un agravante, a quienes cosen por un salario de miseria, no les obligan a mentir o a hacer tareas delictivas.
Miradas al Sur accedió a fuentes inobjetables para reconstruir la actividad de La Ese. El clima de secretismo está reforzado por un pedido oral de confidencialidad. Un tema que tiene estatutos legales y valen sólo en la medida en que estén firmados por conformidad plena por los empleados de las empresas. En este caso se trata apenas de una simulación para amedrentar a jóvenes que trabajan en negro y no están asesorados legalmente. Además, va acompañado con un adoctrinamiento político: “Esto es una guerra” y “el Gobierno hace lo mismo que nosotros pero al revés”, les dicen.
Modus operandi.
Los empleados del call center son los que se dedican a bloquear las líneas de oyentes de las principales radios en las que curiosamente no figuran las del Grupo Clarín: Nacional, Del Plata, América, Continental, La Red, La Diez, Metro, Rock And Pop y Belgrano.
A su vez, se encargan de desgrabar lo dicho en esas radios para monitorear lo que va sucediendo. Hacen estadísticas, informes sobre cuál es la tendencia de cada conductor, qué línea política desarrolla cada programa, cuáles se acercan más al Gobierno, cuáles se alejan más, etc. Siempre desde la óptica de los intereses políticos y económicos del Grupo Clarín.

El sector call center posee un servidor de última generación que permite que en las radios se bloqueen los conmutadores de modo que sólo lleguen los mensajes guionados por la empresa contratada del Grupo Clarín, y simultáneamente se delinea la estrategia de ataque a la ley de medios k. Los jefes de la usina entregan chips y tarjetas telefónicas para cambiar el número del teléfono de manera que sea imposible de comprobar que todos los llamados vienen del mismo lugar.

Por su parte, los supuestos bloggers tienen a su disposición un software propio que rastrea los comentarios adversos a Clarín en internet. Así pueden detectarlos y bajar línea anti K. Las computadoras de la agencia de Souto poseen modems inalámbricos y un sistema rotativo de IP’s para que tampoco se puedan rastrear las rutas de las PC que efectúan los mensajes.

El coordinador de los grupos es el hijo del Fiscal Federal de Misiones ,Juan Carlos Tesorero (ver recuadro), Juan Andrés Tesorero, sobrino de Carlos Souto. El estudio jurídico que el Fiscal abrió por intermedio de su esposa en la ciudad de Buenos Aires tuvo su primera baja hace dos meses: Juan Andrés renunció al trabajo con su madre para dedicarse tiempo completo a la cruzada anti K. De hecho, hasta cambió de barrio para mudarse a la misma cuadra de la agencia La Ese.

“No hablar ni con la familia del tema”.
Ése es uno de los pedidos explícitos de Juan Andrés Tesorero a la hora de contactar a los reclusos de la usina anti K. Confidencialidad ante todo. Ninguno llega a formar parte de esta campaña sucia respondiendo a una búsqueda laboral naturalizada. Todos son “amigos de”, “familiares de”, “conocidos de”. Gente que va a poner el cuerpo y va a guardar el secreto ante todo. Pero todo gran plan tiene sus baches.

Una de las promesas iniciales que reciben los contratados es la “certeza” de un mejor trabajo a futuro tras algunos meses de pasantía informal y deleznable. Juan Andrés se encarga de mostrar las fotos de su tío al lado de Elisa Carrió, Francisco De Narváez, Julio Cobos, Carlos Menem y el resto de los contactos de los que se vale económicamente la agencia. En La Ese se respira el aire del poder.

Así es como estos jóvenes estudiantes universitarios, con necesidades económicas y promesas falsas de inserción laboral en puestos de trabajo más reales y menos vergonzantes, reciben salarios por encima de la media. Los salarios provenientes del dinero del Grupo Clarín oscilan entre los 2.000 pesos para principiantes y los 4.000 para quienes se adapten con comodidad a la dinámica de pulverizar la ética aprendida en la UBA.
La falsificación online de la identidad. A la hora de hacer un comentario en algunas de las páginas de internet de los diarios, los honrados ciudadanos que ejercen su derecho a la libre expresión deben completar un formulario donde se pide nombre y apellido, DNI, teléfono y dirección entre otros datos de rigor. Pues bien, quienes trabajan en esta usina destinada a intoxicar la comunicación, falsean identidades para efectuar la tarea de mostrarse indignados ante “la prepotencia gubernamental” cuando en realidad son sólo mensajeros de creativos publicitarios pagados por los grandes medios.

Estilo Souto.
La agencia se vale de una serie de tópicos para instalar una serie de palabras y conceptos: descalificaciones agresivas a todo lo que se jacte de K, discursos desestabilizadores, términos construidos para temas específicos y adjetivos infaltables –

“PROGREcinismo”, “guerrilleros”, “bolches”, “los KK”, etc.–. Entonces se leen cosas como “Se trata de aprietes de la izquierda vernácula, que no puede con su genio y que, como en los ’70, saca a relucir su repugnante Fascismo de Izquierda” (dixit de un comentario posteado en la crónica "Cuando la plaza se pone a hablar", publicada por Miradas al Sur en el número anterior).

Los contratados reciben una advertencia: nunca hablar de “monopolio”. Nunca mencionar a Clarín. Ahora bien. Es inevitable que un chico que escribe cientos de mensajes por día no repita su discurso. Al hacer la prueba, uno hace un copy paste en uno de estos mensajes corrosivamente anti K, lo pega en la caja de búsqueda de Google y, oh patafísica, el mismo mensaje figura repetidamente en distintas notas de distintas páginas web.

Grupo de tareas sin vacaciones. En enero y febrero de este año la agencia La Ese alquiló casas de veraneo en la costa y trasladó sus oficinas. Los contratados cobraban por unos días de trabajo en la playa lo mismo que durante un mes en Buenos Aires. Los jefes les entregaban chips, tarjetas telefónicas y computadoras con modems inalámbricos para que ninguna de las nuevas intervenciones veraniegas fueran detectadas.

La tarea consistía en escuchar ininterrumpidamente dos radios que no fueran del Grupo Clarín por persona y tomar apuntes tal como lo hacían en las oficinas de San Telmo. Estos apuntes debían ser quemados sistemáticamente para que no quedaran rastros de sus tareas.

Cadena monopólica. El jueves último, cuando la solicitada de Marcela y Felipe ya estaba publicada en los principales diarios del país, La Ese recibió una visita en sus oficinas. Era un ejecutivo de Clarín que iba a certificar que ese grupo de tareas estaba en pleno funcionamiento justo el día de la publicación de la solicitada. Necesitaban que las páginas webs estuvieran inundadas de mensajes en los cuales se entendía “la ternura de una madre a sus dos hijos adoptados”. En cambio de asumir la cruda realidad: Ernestina Herrera Noble está sospechada de fraguar la verdadera identidad de Felipe y Marcela.

El viernes pasado al mediodía, Carlos Souto dio la orden de parar las otras actividades de la agencia. El portal digital de Crítica había lanzado una encuesta en su página web, preguntando si Marcela y Felipe Noble Herrera eran rehenes de Clarín o eran manipulados por el Gobierno. El porcentaje mayoritario votaba por la opción “rehenes de Clarín”. Souto pegó el grito en el cielo y ordenó que todos sus empleados dejaran las tareas y clickearan para que Clarín ganara esa supuesta encuesta virtual. Detalle final: esta historia tomada como un juego digital por jóvenes que no saben cuáles son sus derechos y obligaciones tiene un pariente terrorífico en el pasado reciente. Es una réplica de las usinas de desinformación de agentes y ex agentes de las Fuerzas Armadas de seguridad que en los primeros años de la democracia sembraron el temor y un clima de desestabilización.

http://nosoyloquedeberia.blogspot.com

LOS PINITOS SON LOS DE NARVAES DE “IZQUIERDA”

LOS PINITOS SON LOS DE NARVAES DE “IZQUIERDA”

ANTE UN HECHO DELICTIVO, ARGUMENTAN QUE HAY RELACION ENTRE UN ESPIA Y LA DEUDA EXTERNA (¿)

El asesor legislativo Roberto Larosa no tenía casi ningún elemento consigo en el momento en que lo atraparon en un armario del despacho de Raúl Rigo, el subsecretario de Presupuesto del Ministerio de Economía. Pero lo poco que le encontraron resultó revelador: era un manojo de llaves donde estaba no sólo la de la oficina donde acababa de entrar, sino las de otras dependencias de ese mismo piso –el cuarto – y también del décimo, donde se encuentra la Secretaría de Finanzas. Las cámaras del Palacio de Hacienda lo escracharon abriendo con llave en dos oportunidades, pero tenía como para abrir varias puertas más. Las evidencias que fue juntando desde el viernes pasado el juzgado de Claudio Bonadío apuntan a que el “topo”, como lo llaman a Larosa, no estaba allí por equivocación ni por una trampa: todo apunta a que husmeaba en busca de información, fuera de horario de oficina, en lugares donde no estaba autorizado a entrar. No llevaba zapatófono y ni siquiera teléfono, pero los investigadores creen que actuaba como un superagente.

El día en que fue atrapado, una semana atrás, Larosa había ingresado al edificio del Ministerio de Economía como “visita”. En los registros figura que quien lo hizo pasar fue Leonardo Marcus, un funcionario de la cartera, al parecer analista. Habría estado un rato con él, según las filmaciones, pero luego comenzó su excursión por otros pisos. Cuentan quienes vieron algunas de las filmaciones que incluso pasó un buen rato dando vueltas, yendo y viniendo por pasillos, hasta que entró, llave en mano, primero a la oficina de Hernán Lorenzino, el secretario de Finanzas, y más tarde a la de Rigo. Marcus declaró ayer, pero el juez decidió interrumpir la declaración a la espera de informes pendientes, algunos ligados a los registros de entradas de Larosa a la cartera, señalaron allegados a la investigación. Es que los datos pendientes podrían dar cuenta de si existió, de parte de Marcus, alguna clase de colaboración. En su primer testimonio, días atrás, dijo que conoce a Larosa desde hace veinte años y que lo va a ver con cierta asiduidad.

Los dos despachos en los que Larosa estuvo el viernes pasado concentran información sensible sobre presupuesto, recaudación y ejecución del gasto público. Una versión apunta a que se habría valido de datos de la Oficina de Crédito Público –que pertenece a Finanzas –, que suele manejar también proyecciones de inflación y datos de crecimiento económico. Qué se llevó por sí mismo o qué obtuvo por vías menos directas es lo que está tratando de descifrar el juzgado entre la frondosa documentación secuestrada en su casa, en Caballito. Los investigadores analizan cinco computadoras y gran cantidad de documentos, además de sus e-mails y comunicaciones en busca de establecer si efectivamente robó información y de qué tipo (si era confidencial, por ejemplo); si traficaba esa información y con qué finalidad; quiénes eran sus clientes y qué uso hacían de los datos; si tenía socios, cómplices, colaboradores o proveedores que le vendían a él dentro de la cartera que comanda Amado Boudou.

Lo que se sabe en concreto sobre Larosa es que venía trabajando como colaborador ad honorem del diputado de Proyecto Sur Claudio Lozano y como asesor del senador fueguino del ARI José Martínez. Es experto en seguimiento de cuentas públicas y fue funcionario en el ministerio entre 1975 y 1993. Es un hombre conocido en el mundo financiero y en el mundo político. En el juzgado ya cuentan con algunos indicios de que comercializaría información calificada y está en proceso de verificar si entre su clientela figuran grandes consultoras e incluso alguna entidad bancaria. Pero, como era de esperar, también están bajo la lupa los actores políticos. La primera reacción de Lozano ante el escándalo fue defender a su asesor y hablar de un “operativo montado” del gobierno nacional a modo de represalia por su denuncia sobre la intervención de la consultora Arcadia en el canje de deuda. Un día después tomó distancia de Larosa, y salió a aclarar que no tiene una relación contractual con él.

Según fuentes cercanas al Palacio de Hacienda, Larosa habría estado en el edificio en marzo, también en horario tarde-noche, en una fecha coincidente con dos cuestiones: la convocatoria a Boudou a la Cámara de Diputados para que explique el uso de las reservas, ocasión en la que Lozano descolocó a los funcionarios presentes con una detallada exposición sobre la ejecución del gasto público y los gastos previstos que no figuran en el presupuesto; y la difusión por parte del diputado de una cifra de 50.000 millones de pesos que reflejaría el agujero fiscal. Fuentes cercanas a la pesquisa dicen que el juzgado analiza si existe relación entre esos números y los documentos hallados en la casa de Larosa.

El Ministerio de Economía se presentó ayer como querellante en la causa judicial. Además declararon dos periodistas de Ámbito Financiero. Larosa sigue detenido en el penal de Marcos Paz, acusado de “allanamiento (ilegal) de morada” y “tentativa de hurto”. Aunque no son delitos graves, el juez le negó la excarcelación mientras junta la mayor cantidad posible de pruebas. Hay muchos elementos que lo comprometerían: las llaves en su poder –que el juzgado está verificando exactamente a qué oficinas pertenecen – figuran entre ellos; el hecho de que no tuviera celular encima, también es elocuente; y su presencia en lugares donde no estaba autorizado a ingresar y en los que según las filmaciones permaneció con la luz apagada (guiado al parecer por una linternita) también es sugestivo.

 

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-144459-2010-04-23.html

LOS PINITOS SON LOS DE NARVAES DE “IZQUIERDA”

ANTE UN HECHO DELICTIVO, ARGUMENTAN QUE HAY RELACION ENTRE UN ESPIA Y LA DEUDA EXTERNA (¿)

El asesor legislativo Roberto Larosa no tenía casi ningún elemento consigo en el momento en que lo atraparon en un armario del despacho de Raúl Rigo, el subsecretario de Presupuesto del Ministerio de Economía. Pero lo poco que le encontraron resultó revelador: era un manojo de llaves donde estaba no sólo la de la oficina donde acababa de entrar, sino las de otras dependencias de ese mismo piso –el cuarto – y también del décimo, donde se encuentra la Secretaría de Finanzas. Las cámaras del Palacio de Hacienda lo escracharon abriendo con llave en dos oportunidades, pero tenía como para abrir varias puertas más. Las evidencias que fue juntando desde el viernes pasado el juzgado de Claudio Bonadío apuntan a que el “topo”, como lo llaman a Larosa, no estaba allí por equivocación ni por una trampa: todo apunta a que husmeaba en busca de información, fuera de horario de oficina, en lugares donde no estaba autorizado a entrar. No llevaba zapatófono y ni siquiera teléfono, pero los investigadores creen que actuaba como un superagente.

El día en que fue atrapado, una semana atrás, Larosa había ingresado al edificio del Ministerio de Economía como “visita”. En los registros figura que quien lo hizo pasar fue Leonardo Marcus, un funcionario de la cartera, al parecer analista. Habría estado un rato con él, según las filmaciones, pero luego comenzó su excursión por otros pisos. Cuentan quienes vieron algunas de las filmaciones que incluso pasó un buen rato dando vueltas, yendo y viniendo por pasillos, hasta que entró, llave en mano, primero a la oficina de Hernán Lorenzino, el secretario de Finanzas, y más tarde a la de Rigo. Marcus declaró ayer, pero el juez decidió interrumpir la declaración a la espera de informes pendientes, algunos ligados a los registros de entradas de Larosa a la cartera, señalaron allegados a la investigación. Es que los datos pendientes podrían dar cuenta de si existió, de parte de Marcus, alguna clase de colaboración. En su primer testimonio, días atrás, dijo que conoce a Larosa desde hace veinte años y que lo va a ver con cierta asiduidad.

Los dos despachos en los que Larosa estuvo el viernes pasado concentran información sensible sobre presupuesto, recaudación y ejecución del gasto público. Una versión apunta a que se habría valido de datos de la Oficina de Crédito Público –que pertenece a Finanzas –, que suele manejar también proyecciones de inflación y datos de crecimiento económico. Qué se llevó por sí mismo o qué obtuvo por vías menos directas es lo que está tratando de descifrar el juzgado entre la frondosa documentación secuestrada en su casa, en Caballito. Los investigadores analizan cinco computadoras y gran cantidad de documentos, además de sus e-mails y comunicaciones en busca de establecer si efectivamente robó información y de qué tipo (si era confidencial, por ejemplo); si traficaba esa información y con qué finalidad; quiénes eran sus clientes y qué uso hacían de los datos; si tenía socios, cómplices, colaboradores o proveedores que le vendían a él dentro de la cartera que comanda Amado Boudou.

Lo que se sabe en concreto sobre Larosa es que venía trabajando como colaborador ad honorem del diputado de Proyecto Sur Claudio Lozano y como asesor del senador fueguino del ARI José Martínez. Es experto en seguimiento de cuentas públicas y fue funcionario en el ministerio entre 1975 y 1993. Es un hombre conocido en el mundo financiero y en el mundo político. En el juzgado ya cuentan con algunos indicios de que comercializaría información calificada y está en proceso de verificar si entre su clientela figuran grandes consultoras e incluso alguna entidad bancaria. Pero, como era de esperar, también están bajo la lupa los actores políticos. La primera reacción de Lozano ante el escándalo fue defender a su asesor y hablar de un “operativo montado” del gobierno nacional a modo de represalia por su denuncia sobre la intervención de la consultora Arcadia en el canje de deuda. Un día después tomó distancia de Larosa, y salió a aclarar que no tiene una relación contractual con él.

Según fuentes cercanas al Palacio de Hacienda, Larosa habría estado en el edificio en marzo, también en horario tarde-noche, en una fecha coincidente con dos cuestiones: la convocatoria a Boudou a la Cámara de Diputados para que explique el uso de las reservas, ocasión en la que Lozano descolocó a los funcionarios presentes con una detallada exposición sobre la ejecución del gasto público y los gastos previstos que no figuran en el presupuesto; y la difusión por parte del diputado de una cifra de 50.000 millones de pesos que reflejaría el agujero fiscal. Fuentes cercanas a la pesquisa dicen que el juzgado analiza si existe relación entre esos números y los documentos hallados en la casa de Larosa.

El Ministerio de Economía se presentó ayer como querellante en la causa judicial. Además declararon dos periodistas de Ámbito Financiero. Larosa sigue detenido en el penal de Marcos Paz, acusado de “allanamiento (ilegal) de morada” y “tentativa de hurto”. Aunque no son delitos graves, el juez le negó la excarcelación mientras junta la mayor cantidad posible de pruebas. Hay muchos elementos que lo comprometerían: las llaves en su poder –que el juzgado está verificando exactamente a qué oficinas pertenecen – figuran entre ellos; el hecho de que no tuviera celular encima, también es elocuente; y su presencia en lugares donde no estaba autorizado a ingresar y en los que según las filmaciones permaneció con la luz apagada (guiado al parecer por una linternita) también es sugestivo.

 

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-144459-2010-04-23.html

RECHAZO DEL BLOQUE PRO A UN VETO DE MACRI

El bloque PRO de la Legislatura porteña rechazó el veto parcial que había hecho Mauricio Macri a la ley que otorgaba un subsidio para la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y se comprometió a revisar otros vetos del jefe de Gobierno a leyes relacionadas con los derechos humanos.


El titular del bloque PRO, Cristian Ritondo, confirmó durante una reunión de bancada el rechazo al veto sobre la ley 3299 de la Ciudad que impulsaba la creación de un subsidio de 72 mil pesos destinados al funcionamiento de la APDH. Lo hizo al cabo de un diálogo que mantuvo con la prensa acompañado por el vicepresidente primero de la Legislatura, el también macrista Oscar Moscariello.

Ambos legisladores aclararon que el veto tuvo un carácter “técnico” dado que la norma “entraba en contradicción con la ley 70 de Administración Financiera”. Durante la reunión del bloque PRO, realizado en el Parque de los Niños, los dirigentes anunciaron su decisión de revisar también los vetos a leyes que impulsaban la creación del Comité para la Prevención de la Tortura en la Ciudad, del registro de ex Presos Políticos, así como también aquella que disponía un fondo para la localización y restitución de niños secuestrados nacidos en cautiverio durante la última dictadura.

En algo más de dos años de gestión, Macri vetó –de manera total o parcial– 37 leyes, varias de ellas surgidas de su propio bloque legislativo o aprobado de manera unánime. Organizaciones de derechos humanos cuestionan la “prepotencia” de Macri con este paquete de vetos dado que, en su mayoría, están relacionados con normas a favor de los derechos humanos.

(esta y las dos notas anteriores son del Diario Pagina 12 del 12/02/2010

MOVILIZACION CONTRA LA PRIMERA COMISARIA DE LA METROPOLITANA

Por un parque sin policías

El gobierno porteño pretende construir el “precinto” dentro de Parque Sarmiento. Los vecinos de la zona se oponen y convocaron a manifestarse mañana al mediodía en la puerta de ese predio. Cuentan con el apoyo de legisladores de la oposición.





Las organizaciones de vecinos de la comuna 12 no quieren saber nada con que la primera comisaría de la Policía Metropolitana sea levantada dentro del predio del Parque Sarmiento. Agrupados bajo la consigna “No a las cárceles del parque”, se movilizarán mañana en rechazo a los planes del gobierno porteño con el apoyo de legisladores de la oposición. Las entidades vecinales cuestionan además el monto millonario previsto para construir las dependencias policiales.



“No queremos calabozos y armas en un espacio de los vecinos”, resume el volante que armaron los vecinos de la comuna 12 y que distribuirán mañana a partir de las 14 en la puerta del Parque Sarmiento, en la Avenida Balbín 4750. La movilización fue acordada en una asamblea realizada en Villa Urquiza a la que asistieron varios legisladores porteños. Entre los presentes se encontraba la diputada de la Coalición Cívica Rocío Sánchez Andía, quien la semana pasada impulsó un recurso de amparo contra la construcción de las comisarías y entiende que todo el caso “es una movida totalmente improvisada por parte del jefe de Gobierno”.



“El Gobierno viola la ley con la excusa de la seguridad, y es por eso que nos reunimos: para defender un espacio público que nos pertenece”, aseguró Bacilo, uno de los vecinos de Villa Urquiza que se oponen a la medida. Agregó que para mañana planean un abrazo simbólico al Parque Sarmiento y acciones para “crear conciencia” entre quienes disfrutan del predio.



En el mismo sentido, el bloque kirchnerista de la Legislatura presentó ayer un proyecto contra la instalación de esa comisaría y otra más, a edificarse en el parque Los Andes. La presentación fue elevada por el legislador Francisco “Tito” Nenna, del Encuentro Popular para la Victoria, y sugiere que el Ejecutivo porteño emplace los precintos “en lugares que no impliquen la reducción de los pulmones de la ciudad”.



Su espacio elaboró, además, otro proyecto en el que propone que el Gobierno consulte a los vecinos mediante audiencias públicas y un estudio de impacto ambiental antes de elegir el lugar para emplazar una comisaría. Esto impedirá, afirma Nenna, que el PRO construya comisarías “entre hamacas y árboles”.



El viernes pasado, mientras Mauricio Macri presentaba la flamante Policía Metropolitana, comenzaron a oírse reclamos por los llamados a licitación para la construcción de los primeros precintos.



La primera en efectuar una denuncia fue la Defensora Adjunta porteña, Graciela Muñiz, quien recordó que en el Parque Sarmiento se realizan actividades deportivas y concurren niños en las colonias de verano, y que un lugar recreativo no puede ser la sede de una comisaría. “Más allá de estar de acuerdo con que la Ciudad tenga su propia policía, no estoy de acuerdo en el lugar donde se destina la construcción de la primera comisaría”, sostuvo.



“Me hubiera gustado que antes del inicio de las colonias hubieran invertido la misma cantidad de dinero en arreglos de infraestructura para que los niños gocen de seguridad, higiene y la seguridad que ellos merecen”, concluyó Muñiz.



Más tarde, se sumó el recurso de amparo de Sánchez Andía, quien argumentó que la construcción proyectada viola la Constitución nacional, además de numerosas normas sobre protección y preservación de los espacios verdes. En consonancia con la asamblea de Villa Urquiza, la legisladora cuestionó el abultado presupuesto asignado para las edificaciones. “Para dos comisarías prevén casi 23 millones de pesos, algo que nos parece un verdadero despropósito”, sostuvo.



El Código de Planeamiento Urbano define que las zonas del distrito Urbanización Parque (UP) serán “destinadas a espacios verdes y parquización de uso público”. Establece, asimismo, que en estos distritos “el gobierno de la ciudad podrá autorizar obras de exclusiva utilidad pública que complementen y no alteren el carácter de los mismos”. El Parque Sarmiento es, justamente, un predio UP, uno de los espacios que sólo pueden preservarse o ampliarse.

LOS JEFES OPERATIVOS DE LA METROPOLITANA FUERON SELECCIONADOS POR EL EX COMISARIO PRESO POR ESPIONAJE ILEGAL

Aunque no lo veamos, el Fino siempre está


El gobierno macrista confirmó en la cúpula de la nueva policía a los ex oficiales de la Federal que entraron de la mano de Jorge “Fino” Palacios y de Osvaldo Chamorro. En la misma línea, el nuevo jefe Eugenio Burzaco designó al responsable de la represión en Brukman.

Por Werner Pertot



Mauricio Macri mantuvo en el cargo a todos los oficiales de la cúpula de la Policía Metropolitana que llegaron junto al ex jefe de esa fuerza Jorge “Fino” Palacios, procesado y detenido por el caso de espionaje de Ciro James. Mediante un decreto, el jefe de Gobierno ratificó a toda la conducción, con la única excepción de su segundo Osvaldo Chamorro, que renunció cuando se vio implicado en el escándalo de espionaje. El área de Información Delictual la conduce el ex comisario de la Federal Alejandro Parodi, un ex agente de inteligencia de la Federal. También permanece Carlos Kervokian, implicado en un sumario por la muerte de un hincha de River. Como novedad de la gestión de Eugenio Burzaco, se incorporó a Carlos Roncatti, que se hizo conocido con la feroz represión a la textil recuperada Brukman.



La Metropolitana sufrió una sucesión de escándalos desde la designación de Palacios, que debió renunciar poco antes de ser procesado por encubrimiento en la investigación de la causa AMIA. Luego fue detenido cuando la Justicia descubrió el espionaje ilegal de Ciro James al familiar de una víctima de la AMIA, Sergio Burstein, uno de los más fervientes opositores a Palacios. En la misma causa se investigan las escuchas al cuñado de Macri, Néstor Daniel Leonardo, entre otros.



En medio del escándalo por el espionaje ilegal, el ahora ministro de Espacio Público, Diego Santilli, le recomendó a Macri en una reunión de la mesa chica del PRO que lo mejor era remover a toda la cúpula, pero el líder de PRO desechó esa posibilidad. Finalmente, sólo rodó la cabeza de Chamorro cuando la Justicia comprobó que desde su computadora se había investigado a dirigentes del gremio de municipales y dirigentes opositores. Otros funcionarios macristas insistieron en la necesidad de una revisión de toda la cúpula, que Macri nunca ordenó.



A menos de una semana de lanzada la Metropolitana, Macri firmó el decreto 142/10, con el que confirmó en su cargo a los oficiales que trajo el Fino Palacios y a algunas nuevas incorporaciones de Burzaco. Fue publicado en el Boletín Oficial del 10 de febrero, aunque –como ya es habitual– no está cargado en la página de Internet del gobierno porteño.



Macri designó como director general de Recursos Humanos a Ignacio Gustavo Greco, como director general de Infraestructura al ingeniero Leonardo Spataro –que hizo los planos de la academia policial y del Centro Unico de Control–, como director general de Suministros a Carlos Fabián Etcheverrigaray y como directora general administrativa y legal a Cecilia Marcela Aun. Su antecesor, Guillermo Rodríguez, debió renunciar luego de que fue procesado en una causa por sobreprecios durante el menemismo.



Como jefe de Análisis e Información Delictual, quedó Alejandro Parodi. Se trata de un ex comisario de la Policía Federal que, al igual que Ciro James, es un ex agente de inteligencia (conocidos como “plumas”). Parodi formó parte de Seguridad de Estado de la Federal y fue destinado en El Dorado, Misiones. Una provincia a la que no fue ajeno Palacios: allí llevó a sus hombres y armó una delegación especial como titular de la Unidad de Investigación Antiterrorista para analizar los movimientos de la Triple Frontera. A esa provincia, también, James hizo una decena de viajes y tuvo veinte entradas y salidas por la Triple Frontera. Parodi fue pasado a retiro en 2003 por el entonces presidente Néstor Kirchner.



Carlos Kervokian continúa como director de Investigaciones de la Policía Metropolitana. Kervokian fue el oficial con mayor rango que quedó en la policía porteña tras las renuncias de Palacios y Chamorro. En la Federal tiene un sumario abierto por irregularidades en un operativo policial a su cargo el 25 de junio de 2005 en la cancha de Huracán, en el que murió el hincha de River Fernando Blanco, de 17 años.



El jefe de Gobierno nombró como director de Vigilancia Preventiva a Carlos Roncatti, un ex comisario inspector de la Federal, que condujo la represión a la textil Brukman recuperada por sus trabajadoras, en la que detuvieron a cientos de personas. Cerca de cincuenta manifestantes terminaron en los hospitales porteños con heridas de bala de goma y secuelas de los gases lacrimógenos.



Momentos antes de la represión, Roncatti se acercó a las trabajadoras de Brukman y les espetó desde el otro lado de la valla: “No tenemos nada que negociar. No vamos a retirar el personal, porque estamos cumpliendo una orden”. De traje gris y con un celular pegado al oído, condujo la represión cuando las trabajadoras tiraron la valla e intentaron reingresar en la empresa tomadas del brazo por legisladores y con dos cuadras de manifestantes a sus espaldas.



La policía reprimió con golpes, balas de goma y gases lacrimógenos durante varias horas de esa tarde. La represión se trasladó, incluso, a la Facultad de Psicología de la UBA –que terminó con todos sus vidrios rotos– y hasta el Hospital Garrahan. Página/12 registró varios momentos de esa represión: “En la esquina donde Jujuy se cruza con México, un hombre joven, que corría tratando de escapar, fue tirado por cinco uniformados al piso, donde lo patearon en la cabeza y golpearon con los bastones antes de llevárselo. La mayoría de los agentes no lucía placa identificatoria”. También encerraron a un grupo de manifestantes en el bar de una estación de servicio, donde detuvieron además al actual legislador del MST Marcelo Parrilli y al diputado Miguel Bonasso por querer intervenir para defenderlos.



En su artículo, titulado “Fui un secuestrado de Brukman”, Bona-sso relata que la policía disparó con balas de goma sobre los manifestantes, que se apretujaron en la YPF. Los obligaron a tirarse al piso y los dejaron a oscuras. “Durante dos horas y media fuimos privados ilegítimamente de nuestra libertad por los efectivos de la Federal al mando superior de Roncatti. (...) El comisario Roncatti se apersonó y me dijo que me podía ir. Entonces, efectuaron otro procedimiento ilegal: hicieron formar a las víctimas en fila de uno en fondo, separados por sexos, y les anotaron nombres y número de documento. Algunos fueron golpeados dentro de los camiones y a las mujeres les decían, en voz baja, ‘putas’”.



El CELS y Poder Ciudadano reclamaron en ese momento que Roncatti fuera “excluido de cualquier actividad policial que esté desarrollando en el desalojo de la fábrica Brukman y que se inicien urgentemente las correspondientes investigaciones administrativas tendientes a determinar su responsabilidad en este y otros hechos de represión ilegal de manifestaciones”. Es que Roncatti también actuó en la represión a un grupo de manifestantes que pedían la expulsión de Luis Barrionuevo en las puertas del Congreso. En ese momento, el comisario culpó a los gritos a los periodistas por la represión.

HAY UN INTENTO DESTITUYENTE

Los grandes grupos mediaticos forman parte de los grupos de poder. Intentan con todo su empeño en marcar la direccion, el modelo, el comportamiento y hasta los actores de este nuevo momento, el de la Restauraciòn Conservadora.

Sus operaciones son claras, aunque por lo mismo y la reiteraciòn, no aparezcan de esa forma.

Tomo la matriz, no me ajusto aqui a un tema en concreto, el gobierno quiere sancionar una ley, se cuestiona la ley, si es un decreto, el decreto, se cuestiona porque no va al congreso, si va al congreso se habla de valijas yendo y viniendo, si lo aprueban los legisladores x, sacan su vida y obra y los ponen bajo dudas, los opositores no son ni necesitan ser conocidos, estan jugando el juego que ellos les proponen, si la ley es rechazada es un triunfo de la democracia, si es aprobada es un atropello a la institucionalidad. Y esto opera como una gota que horada la piedra.

La batalla es sostenida, las ideas centrales son persistentes aunque debiles como las sostienen y no las fundamentan pareciera que estamos en 2012 o en armagedon, o sea en el fin de los tiempos.

Los medios como expresion de una nueva configuraciòn no son inocentes, los grupos con los que estan entrelazados menos aun, y el imperio es la clave.