El bloque PRO de la Legislatura porteña rechazó el veto parcial que había hecho Mauricio Macri a la ley que otorgaba un subsidio para la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y se comprometió a revisar otros vetos del jefe de Gobierno a leyes relacionadas con los derechos humanos.
El titular del bloque PRO, Cristian Ritondo, confirmó durante una reunión de bancada el rechazo al veto sobre la ley 3299 de la Ciudad que impulsaba la creación de un subsidio de 72 mil pesos destinados al funcionamiento de la APDH. Lo hizo al cabo de un diálogo que mantuvo con la prensa acompañado por el vicepresidente primero de la Legislatura, el también macrista Oscar Moscariello.
Ambos legisladores aclararon que el veto tuvo un carácter “técnico” dado que la norma “entraba en contradicción con la ley 70 de Administración Financiera”. Durante la reunión del bloque PRO, realizado en el Parque de los Niños, los dirigentes anunciaron su decisión de revisar también los vetos a leyes que impulsaban la creación del Comité para la Prevención de la Tortura en la Ciudad, del registro de ex Presos Políticos, así como también aquella que disponía un fondo para la localización y restitución de niños secuestrados nacidos en cautiverio durante la última dictadura.
En algo más de dos años de gestión, Macri vetó –de manera total o parcial– 37 leyes, varias de ellas surgidas de su propio bloque legislativo o aprobado de manera unánime. Organizaciones de derechos humanos cuestionan la “prepotencia” de Macri con este paquete de vetos dado que, en su mayoría, están relacionados con normas a favor de los derechos humanos.
(esta y las dos notas anteriores son del Diario Pagina 12 del 12/02/2010
viernes, 12 de febrero de 2010
MOVILIZACION CONTRA LA PRIMERA COMISARIA DE LA METROPOLITANA
Por un parque sin policías
El gobierno porteño pretende construir el “precinto” dentro de Parque Sarmiento. Los vecinos de la zona se oponen y convocaron a manifestarse mañana al mediodía en la puerta de ese predio. Cuentan con el apoyo de legisladores de la oposición.
Las organizaciones de vecinos de la comuna 12 no quieren saber nada con que la primera comisaría de la Policía Metropolitana sea levantada dentro del predio del Parque Sarmiento. Agrupados bajo la consigna “No a las cárceles del parque”, se movilizarán mañana en rechazo a los planes del gobierno porteño con el apoyo de legisladores de la oposición. Las entidades vecinales cuestionan además el monto millonario previsto para construir las dependencias policiales.
“No queremos calabozos y armas en un espacio de los vecinos”, resume el volante que armaron los vecinos de la comuna 12 y que distribuirán mañana a partir de las 14 en la puerta del Parque Sarmiento, en la Avenida Balbín 4750. La movilización fue acordada en una asamblea realizada en Villa Urquiza a la que asistieron varios legisladores porteños. Entre los presentes se encontraba la diputada de la Coalición Cívica Rocío Sánchez Andía, quien la semana pasada impulsó un recurso de amparo contra la construcción de las comisarías y entiende que todo el caso “es una movida totalmente improvisada por parte del jefe de Gobierno”.
“El Gobierno viola la ley con la excusa de la seguridad, y es por eso que nos reunimos: para defender un espacio público que nos pertenece”, aseguró Bacilo, uno de los vecinos de Villa Urquiza que se oponen a la medida. Agregó que para mañana planean un abrazo simbólico al Parque Sarmiento y acciones para “crear conciencia” entre quienes disfrutan del predio.
En el mismo sentido, el bloque kirchnerista de la Legislatura presentó ayer un proyecto contra la instalación de esa comisaría y otra más, a edificarse en el parque Los Andes. La presentación fue elevada por el legislador Francisco “Tito” Nenna, del Encuentro Popular para la Victoria, y sugiere que el Ejecutivo porteño emplace los precintos “en lugares que no impliquen la reducción de los pulmones de la ciudad”.
Su espacio elaboró, además, otro proyecto en el que propone que el Gobierno consulte a los vecinos mediante audiencias públicas y un estudio de impacto ambiental antes de elegir el lugar para emplazar una comisaría. Esto impedirá, afirma Nenna, que el PRO construya comisarías “entre hamacas y árboles”.
El viernes pasado, mientras Mauricio Macri presentaba la flamante Policía Metropolitana, comenzaron a oírse reclamos por los llamados a licitación para la construcción de los primeros precintos.
La primera en efectuar una denuncia fue la Defensora Adjunta porteña, Graciela Muñiz, quien recordó que en el Parque Sarmiento se realizan actividades deportivas y concurren niños en las colonias de verano, y que un lugar recreativo no puede ser la sede de una comisaría. “Más allá de estar de acuerdo con que la Ciudad tenga su propia policía, no estoy de acuerdo en el lugar donde se destina la construcción de la primera comisaría”, sostuvo.
“Me hubiera gustado que antes del inicio de las colonias hubieran invertido la misma cantidad de dinero en arreglos de infraestructura para que los niños gocen de seguridad, higiene y la seguridad que ellos merecen”, concluyó Muñiz.
Más tarde, se sumó el recurso de amparo de Sánchez Andía, quien argumentó que la construcción proyectada viola la Constitución nacional, además de numerosas normas sobre protección y preservación de los espacios verdes. En consonancia con la asamblea de Villa Urquiza, la legisladora cuestionó el abultado presupuesto asignado para las edificaciones. “Para dos comisarías prevén casi 23 millones de pesos, algo que nos parece un verdadero despropósito”, sostuvo.
El Código de Planeamiento Urbano define que las zonas del distrito Urbanización Parque (UP) serán “destinadas a espacios verdes y parquización de uso público”. Establece, asimismo, que en estos distritos “el gobierno de la ciudad podrá autorizar obras de exclusiva utilidad pública que complementen y no alteren el carácter de los mismos”. El Parque Sarmiento es, justamente, un predio UP, uno de los espacios que sólo pueden preservarse o ampliarse.
LOS JEFES OPERATIVOS DE LA METROPOLITANA FUERON SELECCIONADOS POR EL EX COMISARIO PRESO POR ESPIONAJE ILEGAL
Aunque no lo veamos, el Fino siempre está
El gobierno macrista confirmó en la cúpula de la nueva policía a los ex oficiales de la Federal que entraron de la mano de Jorge “Fino” Palacios y de Osvaldo Chamorro. En la misma línea, el nuevo jefe Eugenio Burzaco designó al responsable de la represión en Brukman.
Por Werner Pertot
Mauricio Macri mantuvo en el cargo a todos los oficiales de la cúpula de la Policía Metropolitana que llegaron junto al ex jefe de esa fuerza Jorge “Fino” Palacios, procesado y detenido por el caso de espionaje de Ciro James. Mediante un decreto, el jefe de Gobierno ratificó a toda la conducción, con la única excepción de su segundo Osvaldo Chamorro, que renunció cuando se vio implicado en el escándalo de espionaje. El área de Información Delictual la conduce el ex comisario de la Federal Alejandro Parodi, un ex agente de inteligencia de la Federal. También permanece Carlos Kervokian, implicado en un sumario por la muerte de un hincha de River. Como novedad de la gestión de Eugenio Burzaco, se incorporó a Carlos Roncatti, que se hizo conocido con la feroz represión a la textil recuperada Brukman.
La Metropolitana sufrió una sucesión de escándalos desde la designación de Palacios, que debió renunciar poco antes de ser procesado por encubrimiento en la investigación de la causa AMIA. Luego fue detenido cuando la Justicia descubrió el espionaje ilegal de Ciro James al familiar de una víctima de la AMIA, Sergio Burstein, uno de los más fervientes opositores a Palacios. En la misma causa se investigan las escuchas al cuñado de Macri, Néstor Daniel Leonardo, entre otros.
En medio del escándalo por el espionaje ilegal, el ahora ministro de Espacio Público, Diego Santilli, le recomendó a Macri en una reunión de la mesa chica del PRO que lo mejor era remover a toda la cúpula, pero el líder de PRO desechó esa posibilidad. Finalmente, sólo rodó la cabeza de Chamorro cuando la Justicia comprobó que desde su computadora se había investigado a dirigentes del gremio de municipales y dirigentes opositores. Otros funcionarios macristas insistieron en la necesidad de una revisión de toda la cúpula, que Macri nunca ordenó.
A menos de una semana de lanzada la Metropolitana, Macri firmó el decreto 142/10, con el que confirmó en su cargo a los oficiales que trajo el Fino Palacios y a algunas nuevas incorporaciones de Burzaco. Fue publicado en el Boletín Oficial del 10 de febrero, aunque –como ya es habitual– no está cargado en la página de Internet del gobierno porteño.
Macri designó como director general de Recursos Humanos a Ignacio Gustavo Greco, como director general de Infraestructura al ingeniero Leonardo Spataro –que hizo los planos de la academia policial y del Centro Unico de Control–, como director general de Suministros a Carlos Fabián Etcheverrigaray y como directora general administrativa y legal a Cecilia Marcela Aun. Su antecesor, Guillermo Rodríguez, debió renunciar luego de que fue procesado en una causa por sobreprecios durante el menemismo.
Como jefe de Análisis e Información Delictual, quedó Alejandro Parodi. Se trata de un ex comisario de la Policía Federal que, al igual que Ciro James, es un ex agente de inteligencia (conocidos como “plumas”). Parodi formó parte de Seguridad de Estado de la Federal y fue destinado en El Dorado, Misiones. Una provincia a la que no fue ajeno Palacios: allí llevó a sus hombres y armó una delegación especial como titular de la Unidad de Investigación Antiterrorista para analizar los movimientos de la Triple Frontera. A esa provincia, también, James hizo una decena de viajes y tuvo veinte entradas y salidas por la Triple Frontera. Parodi fue pasado a retiro en 2003 por el entonces presidente Néstor Kirchner.
Carlos Kervokian continúa como director de Investigaciones de la Policía Metropolitana. Kervokian fue el oficial con mayor rango que quedó en la policía porteña tras las renuncias de Palacios y Chamorro. En la Federal tiene un sumario abierto por irregularidades en un operativo policial a su cargo el 25 de junio de 2005 en la cancha de Huracán, en el que murió el hincha de River Fernando Blanco, de 17 años.
El jefe de Gobierno nombró como director de Vigilancia Preventiva a Carlos Roncatti, un ex comisario inspector de la Federal, que condujo la represión a la textil Brukman recuperada por sus trabajadoras, en la que detuvieron a cientos de personas. Cerca de cincuenta manifestantes terminaron en los hospitales porteños con heridas de bala de goma y secuelas de los gases lacrimógenos.
Momentos antes de la represión, Roncatti se acercó a las trabajadoras de Brukman y les espetó desde el otro lado de la valla: “No tenemos nada que negociar. No vamos a retirar el personal, porque estamos cumpliendo una orden”. De traje gris y con un celular pegado al oído, condujo la represión cuando las trabajadoras tiraron la valla e intentaron reingresar en la empresa tomadas del brazo por legisladores y con dos cuadras de manifestantes a sus espaldas.
La policía reprimió con golpes, balas de goma y gases lacrimógenos durante varias horas de esa tarde. La represión se trasladó, incluso, a la Facultad de Psicología de la UBA –que terminó con todos sus vidrios rotos– y hasta el Hospital Garrahan. Página/12 registró varios momentos de esa represión: “En la esquina donde Jujuy se cruza con México, un hombre joven, que corría tratando de escapar, fue tirado por cinco uniformados al piso, donde lo patearon en la cabeza y golpearon con los bastones antes de llevárselo. La mayoría de los agentes no lucía placa identificatoria”. También encerraron a un grupo de manifestantes en el bar de una estación de servicio, donde detuvieron además al actual legislador del MST Marcelo Parrilli y al diputado Miguel Bonasso por querer intervenir para defenderlos.
En su artículo, titulado “Fui un secuestrado de Brukman”, Bona-sso relata que la policía disparó con balas de goma sobre los manifestantes, que se apretujaron en la YPF. Los obligaron a tirarse al piso y los dejaron a oscuras. “Durante dos horas y media fuimos privados ilegítimamente de nuestra libertad por los efectivos de la Federal al mando superior de Roncatti. (...) El comisario Roncatti se apersonó y me dijo que me podía ir. Entonces, efectuaron otro procedimiento ilegal: hicieron formar a las víctimas en fila de uno en fondo, separados por sexos, y les anotaron nombres y número de documento. Algunos fueron golpeados dentro de los camiones y a las mujeres les decían, en voz baja, ‘putas’”.
El CELS y Poder Ciudadano reclamaron en ese momento que Roncatti fuera “excluido de cualquier actividad policial que esté desarrollando en el desalojo de la fábrica Brukman y que se inicien urgentemente las correspondientes investigaciones administrativas tendientes a determinar su responsabilidad en este y otros hechos de represión ilegal de manifestaciones”. Es que Roncatti también actuó en la represión a un grupo de manifestantes que pedían la expulsión de Luis Barrionuevo en las puertas del Congreso. En ese momento, el comisario culpó a los gritos a los periodistas por la represión.
El gobierno macrista confirmó en la cúpula de la nueva policía a los ex oficiales de la Federal que entraron de la mano de Jorge “Fino” Palacios y de Osvaldo Chamorro. En la misma línea, el nuevo jefe Eugenio Burzaco designó al responsable de la represión en Brukman.
Por Werner Pertot
Mauricio Macri mantuvo en el cargo a todos los oficiales de la cúpula de la Policía Metropolitana que llegaron junto al ex jefe de esa fuerza Jorge “Fino” Palacios, procesado y detenido por el caso de espionaje de Ciro James. Mediante un decreto, el jefe de Gobierno ratificó a toda la conducción, con la única excepción de su segundo Osvaldo Chamorro, que renunció cuando se vio implicado en el escándalo de espionaje. El área de Información Delictual la conduce el ex comisario de la Federal Alejandro Parodi, un ex agente de inteligencia de la Federal. También permanece Carlos Kervokian, implicado en un sumario por la muerte de un hincha de River. Como novedad de la gestión de Eugenio Burzaco, se incorporó a Carlos Roncatti, que se hizo conocido con la feroz represión a la textil recuperada Brukman.
La Metropolitana sufrió una sucesión de escándalos desde la designación de Palacios, que debió renunciar poco antes de ser procesado por encubrimiento en la investigación de la causa AMIA. Luego fue detenido cuando la Justicia descubrió el espionaje ilegal de Ciro James al familiar de una víctima de la AMIA, Sergio Burstein, uno de los más fervientes opositores a Palacios. En la misma causa se investigan las escuchas al cuñado de Macri, Néstor Daniel Leonardo, entre otros.
En medio del escándalo por el espionaje ilegal, el ahora ministro de Espacio Público, Diego Santilli, le recomendó a Macri en una reunión de la mesa chica del PRO que lo mejor era remover a toda la cúpula, pero el líder de PRO desechó esa posibilidad. Finalmente, sólo rodó la cabeza de Chamorro cuando la Justicia comprobó que desde su computadora se había investigado a dirigentes del gremio de municipales y dirigentes opositores. Otros funcionarios macristas insistieron en la necesidad de una revisión de toda la cúpula, que Macri nunca ordenó.
A menos de una semana de lanzada la Metropolitana, Macri firmó el decreto 142/10, con el que confirmó en su cargo a los oficiales que trajo el Fino Palacios y a algunas nuevas incorporaciones de Burzaco. Fue publicado en el Boletín Oficial del 10 de febrero, aunque –como ya es habitual– no está cargado en la página de Internet del gobierno porteño.
Macri designó como director general de Recursos Humanos a Ignacio Gustavo Greco, como director general de Infraestructura al ingeniero Leonardo Spataro –que hizo los planos de la academia policial y del Centro Unico de Control–, como director general de Suministros a Carlos Fabián Etcheverrigaray y como directora general administrativa y legal a Cecilia Marcela Aun. Su antecesor, Guillermo Rodríguez, debió renunciar luego de que fue procesado en una causa por sobreprecios durante el menemismo.
Como jefe de Análisis e Información Delictual, quedó Alejandro Parodi. Se trata de un ex comisario de la Policía Federal que, al igual que Ciro James, es un ex agente de inteligencia (conocidos como “plumas”). Parodi formó parte de Seguridad de Estado de la Federal y fue destinado en El Dorado, Misiones. Una provincia a la que no fue ajeno Palacios: allí llevó a sus hombres y armó una delegación especial como titular de la Unidad de Investigación Antiterrorista para analizar los movimientos de la Triple Frontera. A esa provincia, también, James hizo una decena de viajes y tuvo veinte entradas y salidas por la Triple Frontera. Parodi fue pasado a retiro en 2003 por el entonces presidente Néstor Kirchner.
Carlos Kervokian continúa como director de Investigaciones de la Policía Metropolitana. Kervokian fue el oficial con mayor rango que quedó en la policía porteña tras las renuncias de Palacios y Chamorro. En la Federal tiene un sumario abierto por irregularidades en un operativo policial a su cargo el 25 de junio de 2005 en la cancha de Huracán, en el que murió el hincha de River Fernando Blanco, de 17 años.
El jefe de Gobierno nombró como director de Vigilancia Preventiva a Carlos Roncatti, un ex comisario inspector de la Federal, que condujo la represión a la textil Brukman recuperada por sus trabajadoras, en la que detuvieron a cientos de personas. Cerca de cincuenta manifestantes terminaron en los hospitales porteños con heridas de bala de goma y secuelas de los gases lacrimógenos.
Momentos antes de la represión, Roncatti se acercó a las trabajadoras de Brukman y les espetó desde el otro lado de la valla: “No tenemos nada que negociar. No vamos a retirar el personal, porque estamos cumpliendo una orden”. De traje gris y con un celular pegado al oído, condujo la represión cuando las trabajadoras tiraron la valla e intentaron reingresar en la empresa tomadas del brazo por legisladores y con dos cuadras de manifestantes a sus espaldas.
La policía reprimió con golpes, balas de goma y gases lacrimógenos durante varias horas de esa tarde. La represión se trasladó, incluso, a la Facultad de Psicología de la UBA –que terminó con todos sus vidrios rotos– y hasta el Hospital Garrahan. Página/12 registró varios momentos de esa represión: “En la esquina donde Jujuy se cruza con México, un hombre joven, que corría tratando de escapar, fue tirado por cinco uniformados al piso, donde lo patearon en la cabeza y golpearon con los bastones antes de llevárselo. La mayoría de los agentes no lucía placa identificatoria”. También encerraron a un grupo de manifestantes en el bar de una estación de servicio, donde detuvieron además al actual legislador del MST Marcelo Parrilli y al diputado Miguel Bonasso por querer intervenir para defenderlos.
En su artículo, titulado “Fui un secuestrado de Brukman”, Bona-sso relata que la policía disparó con balas de goma sobre los manifestantes, que se apretujaron en la YPF. Los obligaron a tirarse al piso y los dejaron a oscuras. “Durante dos horas y media fuimos privados ilegítimamente de nuestra libertad por los efectivos de la Federal al mando superior de Roncatti. (...) El comisario Roncatti se apersonó y me dijo que me podía ir. Entonces, efectuaron otro procedimiento ilegal: hicieron formar a las víctimas en fila de uno en fondo, separados por sexos, y les anotaron nombres y número de documento. Algunos fueron golpeados dentro de los camiones y a las mujeres les decían, en voz baja, ‘putas’”.
El CELS y Poder Ciudadano reclamaron en ese momento que Roncatti fuera “excluido de cualquier actividad policial que esté desarrollando en el desalojo de la fábrica Brukman y que se inicien urgentemente las correspondientes investigaciones administrativas tendientes a determinar su responsabilidad en este y otros hechos de represión ilegal de manifestaciones”. Es que Roncatti también actuó en la represión a un grupo de manifestantes que pedían la expulsión de Luis Barrionuevo en las puertas del Congreso. En ese momento, el comisario culpó a los gritos a los periodistas por la represión.
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